Si te han reconocido una incapacidad permanente, es posible que te preguntes si la empresa puede despedirte, si tienes derecho a conservar tu puesto o si debes comunicar que quieres continuar trabajando. La respuesta depende del grado reconocido, de las funciones de tu puesto y de las posibilidades reales de adaptación o recolocación.

Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2025, de 29 de abril, una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad no provoca por sí sola la extinción automática del contrato de trabajo. La nueva regulación obliga a tener en cuenta la voluntad del trabajador y las posibilidades de mantener su empleo, dentro de los límites que establece la ley.
Hay dos plazos que conviene conocer desde el primer momento: el trabajador dispone de 10 días naturales desde la notificación de la resolución para manifestar por escrito su voluntad de mantener la relación laboral y la empresa cuenta con un plazo máximo de tres meses, desde que se le notifica esa resolución, para realizar los ajustes o el cambio de puesto, o adoptar una decisión de extinción conforme a la ley.
Si has recibido una resolución del INSS o una comunicación de extinción en Murcia, nuestros abogados laboralistas en Murcia pueden estudiar tu situación. Es importante no confundir este supuesto con el despido estando de baja médica, ya que se trata de situaciones diferentes.
El reconocimiento de una incapacidad permanente no permite finalizar automáticamente el contrato de trabajo. Antes de extinguir la relación laboral por la causa prevista en el artículo 49.1.n del Estatuto de los Trabajadores, deben analizarse las circunstancias establecidas legalmente.
La reforma se aplica a los supuestos de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran incapacidad. En ellos, el trabajador puede manifestar su intención de continuar en la empresa, y esta debe valorar los ajustes razonables del puesto o la posibilidad de asignarle otro puesto vacante, disponible y compatible.
Sin embargo, la ley tampoco garantiza que todas las personas puedan continuar trabajando. La empresa podrá acudir a esta causa de extinción en los supuestos previstos legalmente, entre ellos cuando los ajustes supongan una carga excesiva, no exista una vacante compatible o el trabajador rechace un cambio de puesto adecuadamente propuesto.
Por eso, ante la pregunta “¿me pueden despedir por incapacidad permanente?”, la cuestión esencial es comprobar si la empresa ha respetado el procedimiento y si concurren realmente las circunstancias que permiten la extinción.
La Ley 2/2025, vigente desde el 1 de mayo de 2025, modificó los artículos 48.2 y 49.1 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar la extinción automática del contrato asociada al reconocimiento de determinados grados de incapacidad permanente.
Con la nueva redacción, la continuidad de la relación laboral debe examinarse teniendo en cuenta, entre otros aspectos:
La finalidad es evitar que una declaración de incapacidad permanente conduzca, sin mayor valoración, a la pérdida del empleo cuando exista una alternativa razonable.
La incapacidad permanente total para la profesión habitual impide desarrollar todas o las tareas fundamentales de esa profesión, pero no excluye necesariamente la posibilidad de desempeñar otras funciones compatibles.
Por ejemplo, imaginemos que una persona trabajaba realizando tareas físicas que ya no puede asumir, pero conserva capacidad para determinadas funciones administrativas u organizativas. En ese caso, la empresa deberá valorar, en los términos legales, si cabe adaptar el puesto o si existe otro puesto vacante y disponible que sea compatible.
Esto no significa que la empresa esté obligada a crear un puesto inexistente ni que cualquier cambio sea adecuado. Se debe analizar el perfil profesional, las limitaciones, las necesidades organizativas y los criterios establecidos por la ley.
También conviene diferenciar este supuesto de las prestaciones por incapacidad: una cosa es el reconocimiento de la prestación y otra las obligaciones de la empresa respecto del contrato de trabajo.
El artículo 49.1.n del Estatuto de los Trabajadores establece que la persona trabajadora dispone de un plazo de 10 días naturales desde la fecha en que se le notifica la resolución que reconoce una incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad para comunicar por escrito a la empresa que desea mantener la relación laboral.
Son días naturales, no días hábiles. Esto significa que, con carácter general, se incluyen sábados, domingos y festivos. Dado que el cómputo de plazos puede plantear cuestiones concretas, conviene revisar la fecha exacta y el medio de notificación.
Lo recomendable es no esperar hasta el último día y utilizar una comunicación que permita acreditar su contenido y recepción. Puede ser necesario recurrir a un medio fehaciente cuando existan dudas sobre la postura de la empresa.
No conviene darlo por supuesto. La norma exige manifestar por escrito la voluntad de mantener la relación laboral. Por prudencia, el mensaje debe expresar de forma clara que deseas continuar trabajando y que solicitas que se valoren los ajustes o puestos compatibles.
Dejar transcurrir ese plazo puede perjudicar tus posibilidades de mantener la relación laboral conforme al procedimiento legal. No es recomendable asumir automáticamente cuál será la consecuencia en tu caso sin revisar la resolución, las comunicaciones y la situación de tu contrato.
Si el plazo está próximo a vencer o ya ha transcurrido, es importante consultar cuanto antes para valorar las opciones existentes.
Este ejemplo puede servir de orientación si has recibido una resolución del INSS y quieres comunicar a tu empresa que deseas continuar trabajando. No sustituye la revisión del caso concreto, especialmente cuando existen plazos próximos a finalizar.
Asunto: Comunicación de voluntad de mantener la relación laboral
A la atención de la empresa:
Por medio del presente escrito comunico que he recibido la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se reconoce mi situación de incapacidad permanente, notificada con fecha [FECHA].
De conformidad con el artículo 49.1.n del Estatuto de los Trabajadores, manifiesto expresamente mi voluntad de mantener la relación laboral con la empresa.
Solicito que se valoren los ajustes razonables que permitan la continuidad de mi actividad profesional o, en su caso, la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible compatible con mi nueva situación.
Solicito confirmación de la recepción de este escrito y que las comunicaciones relativas a las medidas propuestas se realicen por escrito.
Atentamente, [NOMBRE, FECHA Y FIRMA].
Antes de enviarlo, verifica que consten tus datos, la fecha de notificación y el destinatario correcto. Guarda una copia y el justificante de entrega. Es preferible que un profesional revise el texto cuando haya circunstancias especiales.
La empresa tiene un plazo máximo de tres meses contados desde la fecha en que se le notifique la resolución de incapacidad permanente para realizar los ajustes razonables o el cambio a un puesto vacante y disponible.
Cuando los ajustes supongan una carga excesiva o no exista un puesto vacante compatible, la empresa dispone de ese mismo plazo para proceder, si corresponde, a la extinción del contrato. La decisión debe estar motivada y comunicarse por escrito al trabajador.
Los tres meses de la empresa y los diez días naturales del trabajador no empiezan necesariamente en la misma fecha: cada plazo está vinculado a la notificación correspondiente. Por ello es importante conservar todas las comunicaciones.
Los servicios de prevención deben determinar el alcance y las características de las medidas de ajuste e identificar puestos compatibles, de conformidad con la normativa y previa consulta con la representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
La valoración puede abarcar adaptaciones de funciones, equipos, organización del trabajo, formación y otras medidas vinculadas al puesto, siempre atendiendo a las limitaciones acreditadas y a las condiciones del empleo.
La empresa debe valorar la existencia de un puesto vacante y disponible, acorde con el perfil profesional y compatible con la nueva situación de la persona trabajadora. No basta con afirmar de forma genérica que no es posible continuar si existen alternativas que deben estudiarse.
Ahora bien, la ley no obliga de forma indiscriminada a crear nuevos puestos ni a realizar cualquier modificación, con independencia de su coste o viabilidad. También importa que la oferta de otro puesto sea adecuada y compatible.
Si la empresa propone un cambio, conviene solicitar por escrito sus condiciones, funciones, horario y demás elementos relevantes antes de aceptarlo o rechazarlo. La negativa a un cambio adecuadamente propuesto puede tener consecuencias legales.
La normativa permite valorar si los ajustes razonables suponen una carga excesiva. Para ello deben tenerse en cuenta el coste de la adaptación, el tamaño y los recursos de la empresa, su situación económica y volumen de negocios, así como las ayudas o subvenciones públicas disponibles.
En empresas con menos de 25 trabajadores, el artículo 49.1.n establece un criterio específico: la carga se considera excesiva cuando el coste de adaptación no cubierto por ayudas públicas supera la cuantía mayor entre la indemnización de referencia del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores y seis meses de salario de la persona que solicita la adaptación.
Esta regla debe aplicarse al caso concreto y no equivale a una autorización general para prescindir del trabajador. Conviene analizar qué medidas se han estudiado y cómo se ha justificado su coste.
El artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores contempla la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto durante el tiempo en que se resuelven los ajustes razonables o el cambio a un puesto vacante y disponible en estos supuestos.
También regula una situación distinta: cuando el órgano de calificación considera previsible una revisión por mejoría que permita la reincorporación, puede subsistir la suspensión con reserva del puesto durante dos años desde la resolución de incapacidad permanente.
No deben confundirse ambos mecanismos. El alcance de la suspensión y sus efectos económicos requieren comprobar las circunstancias de cada expediente.
Sí, la empresa puede acudir a la causa de extinción del artículo 49.1.n cuando concurran los requisitos legales: imposibilidad de ajustes razonables por carga excesiva, inexistencia de un puesto vacante y disponible compatible, o rechazo por el trabajador de un cambio adecuadamente propuesto.
En estos casos la empresa debe motivar la decisión y comunicarla por escrito dentro del plazo establecido. Es importante revisar si ha existido una valoración real de las adaptaciones y de las vacantes disponibles.
Una carta que simplemente indique “incapacidad permanente reconocida” sin explicar suficientemente las circunstancias puede requerir un análisis jurídico detallado.
La terminación de la relación laboral vinculada a una incapacidad permanente puede ser impugnada. No obstante, no toda extinción discutible se convierte automáticamente en un despido nulo.
La respuesta depende de la causa utilizada, del cumplimiento de los requisitos legales y de las circunstancias acreditadas. Debe estudiarse si la empresa ha examinado los ajustes razonables, si existían vacantes compatibles, si su decisión está motivada y si hay indicios de discriminación por discapacidad u otra vulneración de derechos fundamentales.
Las consecuencias jurídicas pueden variar y no deben anticiparse sin documentación. Si se aprecia una posible actuación discriminatoria, será especialmente importante reunir pruebas y analizar la vía judicial adecuada.
El reconocimiento de una incapacidad permanente no genera por sí solo una indemnización automática por despido. Cuando la relación laboral se extingue válidamente por la causa específica del artículo 49.1.n, esa causa no establece con carácter general una indemnización equivalente a la del despido improcedente.
Esto no significa que desaparezca el derecho a recibir el finiquito o las cantidades laborales pendientes que legalmente correspondan. También pueden existir consecuencias económicas diferentes si la actuación empresarial se impugna y se declara contraria a derecho.
Conviene distinguir entre finiquito, eventual indemnización, posibles daños por vulneración de derechos y pensión reconocida por la Seguridad Social.
La compatibilidad de la pensión con el trabajo depende del grado de incapacidad, la actividad realizada y las normas de Seguridad Social aplicables. No debe darse por hecho que se pueden percibir simultáneamente salario y pensión sin restricciones.
La Ley 2/2025 modificó el artículo 174.5 de la Ley General de la Seguridad Social. En los supuestos en que se mantiene el contrato mediante la adaptación del mismo puesto o la asignación de otro, la prestación de incapacidad permanente se suspende durante el trabajo cuando el puesto resulte incompatible con la percepción de la pensión, conforme a las reglas legales.
Antes de reincorporarte o aceptar un nuevo puesto, es recomendable revisar las consecuencias de la decisión con respecto al INSS y a la prestación reconocida.
La reforma de 2025 no se limita a la incapacidad permanente total: también contempla la incapacidad permanente absoluta y la gran incapacidad. En estos supuestos no se produce una extinción automática por el mero reconocimiento del grado.
Eso no significa que exista siempre una posibilidad efectiva de reincorporación. Deben analizarse las limitaciones, las funciones y las alternativas de adaptación o vacantes compatibles, junto con la normativa de Seguridad Social.
La incapacidad permanente parcial, en cambio, no está incluida en esta causa específica de extinción del artículo 49.1.n y tiene un régimen jurídico diferente.
Si te han comunicado una extinción después del reconocimiento de una incapacidad permanente, conserva toda la documentación que permita reconstruir las fechas y las decisiones tomadas:
Guardar estos documentos puede ser decisivo para determinar si se han respetado los plazos y si la empresa ha estudiado las alternativas legalmente exigibles.
Si la empresa te comunica una extinción del contrato, no conviene esperar. La impugnación de las decisiones empresariales de extinción está sometida a plazos breves y, por regla general, el plazo de referencia para el despido es de 20 días hábiles, con las particularidades procedimentales aplicables.
La Ley 2/2025 también estableció que los procesos por extinción del artículo 49.1.n del Estatuto de los Trabajadores tengan tramitación urgente y preferente.
Para calcular correctamente la fecha límite es necesario revisar la comunicación empresarial, su fecha de efectos, la forma de notificación y el procedimiento que corresponda. Los 10 días naturales para solicitar la continuidad y los plazos para impugnar una extinción son distintos.
Comprueba qué grado de incapacidad se reconoce, la fecha exacta de notificación y las indicaciones que aparecen en la resolución.
Si quieres continuar en la empresa, manifiesta esa voluntad dentro del plazo de diez días naturales previsto legalmente y conserva el justificante.
Pide que se estudien los ajustes razonables de tu puesto o la existencia de otro puesto vacante y disponible compatible con tu perfil profesional.
Guarda correos, escritos y propuestas de cambio de puesto. No tomes decisiones sobre ofertas de adaptación sin conocer las condiciones.
Antes de reincorporarte, comprueba las reglas de compatibilidad o suspensión de la prestación de incapacidad permanente.
Los plazos de impugnación son breves. Una revisión temprana permite determinar qué documentación necesitas y qué acciones pueden corresponder.
Imaginemos una persona que trabajaba como operario y recibe una resolución de incapacidad permanente total porque sus limitaciones le impiden continuar con determinadas tareas físicas.
El trabajador comunica por escrito, dentro de los diez días naturales, que desea continuar en la empresa. Poco después recibe una carta en la que se le indica que su contrato termina por la incapacidad reconocida, sin mayor explicación.
Al estudiar el caso sería necesario comprobar, entre otras cuestiones:
Este ejemplo no permite afirmar automáticamente que la extinción sea nula o improcedente. Sin embargo, muestra por qué la resolución del INSS no basta, por sí sola, para decidir si la actuación empresarial es correcta.
Si te han reconocido una incapacidad permanente y tu empresa quiere finalizar tu contrato en Murcia, es importante revisar cuanto antes tanto la resolución del INSS como las comunicaciones empresariales.
Desde nuestro despacho de abogados laboralistas podemos ayudarte a:
Si has recibido una resolución de incapacidad permanente o una carta de extinción, puedes solicitar información desde nuestra página de contacto. No dejes transcurrir los plazos sin revisar tu situación.
No. Desde el 1 de mayo de 2025, el reconocimiento de una incapacidad permanente total no extingue por sí solo el contrato. La continuidad depende del procedimiento y de las circunstancias previstas por la ley.
Tienes 10 días naturales desde la notificación de la resolución que reconoce la incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad para expresar por escrito tu voluntad de mantener la relación laboral.
El plazo máximo es de tres meses desde la fecha en que se notifica la resolución a la empresa, tanto para efectuar los ajustes o el cambio de puesto como, en los supuestos legales, para comunicar motivadamente la extinción.
La empresa debe valorar la existencia de un puesto vacante y disponible compatible, pero no tiene una obligación ilimitada de crear puestos ni de asumir ajustes que constituyan una carga excesiva conforme a la ley.
Antes de rechazarlo conviene comprobar si realmente es compatible y si la propuesta es adecuada. La ley contempla la posibilidad de extinguir el contrato cuando el trabajador rechaza un cambio de puesto adecuadamente propuesto.
La extinción válida por la causa específica del artículo 49.1.n no establece por sí sola una indemnización general como la del despido improcedente. Deben estudiarse, por separado, las cantidades pendientes y las posibles consecuencias de una actuación empresarial contraria a derecho.
Depende del grado de incapacidad y del trabajo. En los casos regulados por la reforma, puede suspenderse la pensión durante el desempeño de un puesto incompatible con su percepción.
No. La calificación depende de las circunstancias, del cumplimiento de los requisitos legales y de si existen indicios de discriminación o vulneración de derechos fundamentales.
Guarda la carta, anota cuándo la recibiste, conserva las comunicaciones sobre la incapacidad y solicita asesoramiento con rapidez. No esperes a que finalice el plazo de tres meses para estudiar la impugnación si la empresa ya ha extinguido el contrato.
Referencia legal: Ley 2/2025, de 29 de abril, artículos 48.2 y 49.1.n del Estatuto de los Trabajadores y artículo 120.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.